La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia analizó una acción de tutela interpuesta por una sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías (AFP) en contra de sentencias proferidas por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. La tutela buscaba proteger derechos fundamentales como el debido proceso, acceso a la administración de justicia y la igualdad, presuntamente vulnerados en varios procesos ordinarios laborales. En estos procesos, los jueces de primera y segunda instancia ordenaron a la AFP demandada trasladar a Colpensiones los dineros correspondientes a las cuentas de ahorro individual, rendimientos financieros, primas de seguros, cuotas de administración y porcentajes destinados al fondo de garantía de pensión mínima (FOGAPEMI), con indexación y sin deducciones. La AFP interpuso recursos de apelación y casación, los cuales fueron negados por la Corte Suprema, dejando firmes las sentencias. La acción de tutela cuestionaba que las sentencias no acataran el precedente constitucional fijado en la sentencia de unificación CC SU-107-2024, que limita el traslado solo a los recursos efectivamente disponibles en la cuenta de ahorro individual, rendimientos y bono pensional, excluyendo la devolución de gastos de administración, primas de seguro y aportes al fondo de garantía. En su análisis, la Corte Suprema recordó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional y subsidiario, que solo procede cuando no existan otros medios de defensa judicial o cuando estos sean insuficientes para evitar un perjuicio irremediable. En este caso, la AFP no agotó los recursos ordinarios disponibles, como la reposición o la queja contra la negación del recurso de...