Antecedentes del caso

Una sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías presentó acción de tutela buscando proteger sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, argumentando vulneración por parte de la autoridad judicial. El caso se originó en un proceso ordinario laboral instaurado por un afiliado que solicitó declarar ineficaz el traslado de su régimen pensional desde el régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual. El juez de primera instancia declaró la ineficacia de dicho traslado y ordenó a la administradora de fondos transferir los recursos acumulados al fondo público de pensiones, incluyendo rendimientos, bonos pensionales, gastos de administración y otros conceptos, todos debidamente indexados. Además, se ordenó que el fondo público aceptara el traslado y computara las semanas cotizadas en el régimen correspondiente. La aseguradora llamada en garantía fue absuelta de las pretensiones. La sentencia fue confirmada en segunda instancia por el tribunal superior laboral, condenando también en costas a la administradora de fondos privada.

Fundamentos de la acción de tutela

La sociedad administradora alegó que la autoridad judicial se apartó del precedente constitucional establecido por la Corte Constitucional y vulneró sus derechos fundamentales. Solicitó dejar sin efecto la sentencia y que se dictara una nueva decisión ajustada a los lineamientos constitucionales. Sin embargo, la acción de tutela fue cuestionada por la aseguradora y la autoridad judicial, quienes coincidieron en que la tutela no es procedente para controvertir sentencias judiciales firmes y que existen otros mecanismos ordinarios, como el recurso de casación, que no fue interpuesto.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Corte Suprema recordó que la...