Contexto y antecedentes del caso

Una empresa presentó un proceso ordinario laboral contra varios trabajadores y, de manera solidaria, contra una compañía petrolera, solicitando el reconocimiento de un contrato por obra o labor suspendido y terminado sin justa causa, así como el pago de salarios, prestaciones, aportes y demás indemnizaciones. El proceso fue inicialmente inadmitido por un juzgado por no cumplir requisitos legales, pero después admitido tras subsanación. Durante el trámite, surgieron cuestionamientos sobre la notificación de las decisiones judiciales, en particular sobre la admisión de la demanda y la contestación de esta, lo que llevó a que el juzgado declarara la demanda como no contestada y programara una audiencia. La empresa alegó vulneración de sus derechos al debido proceso y defensa, argumentando que no fue notificada correctamente y que no contó con representación legal en los momentos clave del proceso.

Análisis de la Corte Suprema de Justicia

La Corte recordó que la acción de tutela procede para proteger derechos fundamentales de manera inmediata cuando no existen otros medios judiciales disponibles o para evitar un perjuicio irremediable. En este caso, se verificó que se cumplían los requisitos formales para la procedencia de la tutela. El núcleo del análisis fue determinar si la Sala Laboral del Tribunal Superior vulneró derechos fundamentales al confirmar la decisión que rechazó la nulidad por indebida notificación y declaró la demanda como no contestada debido a la falta de respuesta a la subsanación. La Sala concluyó que el tribunal actuó dentro de su autonomía e independencia judicial, aplicando correctamente las normas procesales vigentes. Se destacó que el control de legalidad que llevó...