Antecedentes del caso

La acción de tutela fue promovida contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Único Laboral del Circuito de El Banco (Magdalena), en el marco de un proceso ejecutivo laboral. El accionante buscaba la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad jurídica, cosa juzgada, buena fe y confianza legítima, alegando vulneraciones por parte de las autoridades judiciales. El litigio se originó en un proceso donde se presentó como título de recaudo una resolución que reconoció el pago de cesantías, primas, vacaciones y aportes a salud por un monto inicial de cerca de 9,7 millones de pesos. Posteriormente, se libraron mandamientos de pago que incluían intereses y sanciones moratorias, pero con diferencias en su cálculo y reconocimiento. Durante el proceso judicial, la liquidación del crédito fue modificada varias veces, alcanzando un monto actualizado de más de 36 millones de pesos, aunque existieron discrepancias sobre la inclusión de la sanción moratoria y la fecha desde la cual debía calcularse.

Consideraciones jurídicas

La Corte recordó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional para proteger derechos fundamentales cuando no existen otros medios judiciales idóneos o se busca evitar un perjuicio irremediable. Se destacó que el plazo para presentar la tutela fue razonable y que no procedían recursos contra la decisión cuestionada, por lo que se cumplían los requisitos de procedencia. En el análisis sustancial, la Sala señaló que la liquidación del crédito debe ajustarse a lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo y que la resolución base no contemplaba la sanción moratoria. Por tanto, el mandamiento...