Antecedentes del caso

Una auxiliar de enfermería promovió un proceso ordinario laboral contra un consorcio que administra servicios de salud en un centro penitenciario, alegando la existencia de un contrato laboral vigente entre agosto de 2019 y marzo de 2021. Reclamó el pago de prestaciones sociales, vacaciones, dotación y indemnizaciones. En primera instancia, el juzgado negó las pretensiones, decisión que fue confirmada en consulta por un juzgado laboral de circuito. La accionante interpuso una acción de tutela argumentando la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, especialmente cuestionando la valoración probatoria y la interpretación sobre la ausencia de subordinación laboral, dado que cumplía horarios y recibía órdenes de un jefe que también era contratista del consorcio demandado.

Trámite y decisión de instancia

La acción de tutela fue admitida y notificada a las partes. Las entidades vinculadas solicitaron su desvinculación por falta de legitimación, mientras que el consorcio demandado defendió la naturaleza civil de la relación contractual, basada en órdenes de prestación de servicios con plena autonomía técnica y administrativa de la contratista. Tras el análisis, la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior negó la tutela, confirmando que el proceso se adelantó conforme a la ley y que no hubo vulneración de derechos fundamentales.

Consideraciones de la Sala de Casación Laboral

La Corte Suprema recordó que la acción de tutela no es el medio para cuestionar valoraciones probatorias o interpretaciones jurídicas realizadas por los jueces naturales. Su función es proteger derechos fundamentales cuando se evidencien violaciones claras y no para sustituir decisiones judiciales razonables. Al analizar el fondo, se determinó que la clave estaba en...