La acción de tutela fue presentada por una sociedad comercial que buscaba proteger su derecho al debido proceso, alegando que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá vulneró este derecho al revocar una decisión de primer grado y terminar un juicio ejecutivo por falta de título ejecutivo. El proceso se originó en una demanda ejecutiva contra terceros por el pago de cánones de arrendamiento, cuotas de administración, cláusula penal e intereses moratorios. El juzgado de primera instancia libró mandamiento de pago por dichas obligaciones, pero el tribunal superior revocó esta decisión argumentando la inexistencia de un título ejecutivo válido, debido a la falta de claridad en el contrato de arrendamiento que sustentaba las pretensiones, especialmente en cuanto a la liquidación del IVA, el momento de causación de los cánones y la cláusula penal. La sociedad accionante denunció defectos en la valoración probatoria y en la motivación de la decisión del tribunal superior, e invocó que no se aplicaron correctamente normas del Código Civil y del Código General del Proceso. Sin embargo, la Corte Suprema destacó que la acción de tutela solo procede en casos excepcionales de vulneración evidente de derechos fundamentales y que no existen indicios de arbitrariedad, capricho o violación constitucional en el fallo cuestionado. El tribunal superior realizó un análisis detallado del contrato y concluyó que no cumplía con los requisitos para constituir título ejecutivo, en particular porque las obligaciones no estaban expresas, claras ni exigibles, según lo exige el artículo 422 del Código General del Proceso. Además, la Sala recordó que los jueces tienen potestad para valorar libremente la...