La acción de tutela fue instaurada para proteger los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y derecho de petición, presuntamente vulnerados por la demora en la devolución de un expediente judicial. El accionante había iniciado un proceso ordinario laboral contra una empresa, buscando la declaración de existencia de un contrato laboral a término indefinido y el pago de acreencias laborales. Tras una serie de decisiones, incluyendo una sentencia de instancia de la Corte Suprema de Justicia que reconoció la relación laboral y ordenó el pago de indemnizaciones, se presentaron dificultades para la devolución del expediente al juzgado de origen, lo que habría impedido la ejecución de la sentencia. A pesar de múltiples solicitudes y escritos de impulso procesal, la devolución no se había realizado oportunamente, motivo por el cual se presentó la acción de tutela.

Respuesta judicial y conclusión

Durante el trámite de la tutela, la Sala Laboral del Tribunal Superior informó que el expediente fue remitido a la Secretaría y posteriormente enviado al juzgado de origen, que confirmó haberlo recibido. En vista de esto, la Corte Suprema concluyó que la situación que motivó la tutela se había superado, configurándose una carencia actual de objeto por hecho superado. Por lo tanto, la Sala negó el amparo solicitado, señalando que no existió vulneración actual de derechos fundamentales, y descartó la necesidad de ordenar alguna actuación adicional a las autoridades judiciales involucradas. Esta decisión resalta la importancia de la coordinación efectiva entre las instancias judiciales para garantizar la protección de los derechos procesales y la ejecución oportuna de las sentencias. Además, reafirma...