La acción de tutela fue presentada contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, en el marco de un proceso ordinario laboral. El accionante alegaba la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, salud, mínimo vital, seguridad social, igualdad, trabajo y estabilidad laboral reforzada. El trabajador sostuvo que fue despedido sin justa causa mientras gozaba de estabilidad laboral reforzada por condición de salud, y solicitó su reintegro, así como el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir. En primera y segunda instancia se desestimaron sus pretensiones, decisión que fue recurrida a través de la tutela.

Análisis constitucional y requisitos para la tutela contra decisiones judiciales

El análisis constitucional recordó que la acción de tutela contra decisiones judiciales exige el cumplimiento de requisitos estrictos, incluyendo la demostración de defectos graves o violaciones constitucionales en la decisión impugnada. Además, la tutela no es un mecanismo para cuestionar valoraciones probatorias o interpretaciones legales razonables realizadas por los jueces naturales.

Requisitos para la estabilidad laboral reforzada por discapacidad

La Corte examinó el caso y destacó que la estabilidad laboral reforzada para personas con discapacidad implica la existencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a mediano y largo plazo, barreras que impidan la igualdad laboral y el conocimiento de estas condiciones por parte del empleador al momento del despido. En este caso, no se acreditó que durante la relación laboral el trabajador tuviera un diagnóstico de discapacidad ni que el empleador conociera alguna condición que justificara la protección. La evaluación médica que determinó una enfermedad laboral se efectuó posteriormente...