Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta por un ciudadano contra diversas autoridades, incluyendo un juzgado laboral, la oficina de archivo judicial, la personería distrital, la procuraduría, el ministerio del trabajo, una entidad promotora de salud y la representante legal de una sociedad comercial. El recurrente solicitó protección de sus derechos fundamentales de petición e igualdad, argumentando incumplimiento de un acuerdo conciliatorio relacionado con el pago de una pensión de vejez y la falta de respuesta a sus solicitudes de desarchivo y pagos pendientes. La conciliación aprobada en 2014 estableció el reconocimiento de una pensión mensual, la cual según el accionante no fue cumplida. Además, denunció que las peticiones dirigidas a las autoridades mencionadas no fueron atendidas oportunamente, motivando la acción de tutela.

Trámite y decisiones en instancias anteriores

El juzgado laboral inicialmente declaró su incompetencia para conocer la tutela y remitió el caso a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que negó el amparo al considerar que el accionante no acreditó con pruebas suficientes la presentación de sus solicitudes ante las entidades convocadas. Además, señaló que el mecanismo de tutela no era procedente para exigir el cumplimiento del acuerdo conciliatorio, pues no se habían agotado los recursos judiciales ordinarios previstos para ello. Las entidades convocadas, en su mayoría, demostraron haber atendido las peticiones o haberlas remitido a la autoridad competente, excepto la Oficina de Archivo Central, que no respondió la solicitud de desarchivo dentro del término legal.

Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia

La Corte recordó que el derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la...