La Corte Suprema de Justicia resolvió una impugnación contra la decisión que declaró improcedente una acción de tutela presentada por una aspirante al cargo de juez penal del circuito. La accionante buscaba ser vinculada a la subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial Inicial, tras no superar la fase general debido a un puntaje inferior al mínimo requerido en las evaluaciones correspondientes. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (EJRLB) emitió dos resoluciones que determinaron la exclusión de la aspirante por no alcanzar los 800 puntos necesarios. Posteriormente, la entidad revisó y ajustó la calificación mediante un recurso de reposición, pero mantuvo la decisión de no aprobar la fase. El mecanismo de tutela fue invocado para proteger derechos fundamentales como el debido proceso y la confianza legítima, solicitando la inclusión inmediata en la siguiente etapa del curso. Sin embargo, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema consideró que la acción no cumplió con el requisito de subsidiariedad, dado que existen medios judiciales idóneos como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Corte destacó que la acción de tutela es un mecanismo residual y transitorio, procedente solo para evitar un perjuicio irremediable o cuando no existan otros medios efectivos de defensa judicial. En este caso, la aspirante no acreditó la existencia de un perjuicio grave ni demostró que el medio ordinario fuera ineficaz. Además, la entidad demandada presentó argumentos técnicos detallados que justificaron la calificación y el diseño de las preguntas objetadas, rechazando las reclamaciones de irregularidades en el proceso evaluativo. Finalmente, la Sala señaló...