La Corte Suprema de Justicia resolvió una impugnación contra la sentencia de tutela que había declarado improcedente la solicitud de redosificación de una condena de prisión, al considerar que el asunto ya había sido resuelto por el juzgado encargado de la ejecución de penas.

Contexto del caso

El proceso se originó cuando una persona condenada por homicidio agravado y porte ilegal de armas solicitó al juzgado encargado de la ejecución de penas la reducción de su condena de 56 a 50 años, basándose en la Ley 2197 de 2022, que estableció un límite máximo para esa pena. La solicitud fue inicialmente negada formalmente sin resolver el fondo del asunto, lo que motivó la interposición de la acción de tutela alegando violación de los derechos al debido proceso y a la igualdad.

Trámite y respuesta judicial

Durante el trámite de la tutela, el juzgado de ejecución de penas emitió un auto interlocutorio resolviendo de fondo la solicitud de redosificación, negándola con argumentos basados en el principio de cosa juzgada y la presunción de legalidad de la sentencia ejecutoriada. Se explicó que no correspondía modificar la pena en fase de ejecución, salvo en casos de cambio legislativo favorable, situación que no aplicaba en este caso.

Decisión de la Corte Suprema

La Sala de Decisión de Tutelas determinó que la acción de tutela perdió su objeto, pues la petición había sido resuelta por la autoridad competente y no existía una violación actual de derechos fundamentales. La Corte confirmó la sentencia que declaró la improcedencia de la tutela por hecho superado y ordenó notificar la decisión conforme a la normativa...