La acción de tutela fue interpuesta contra la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Banco Agrario de Colombia. La solicitante alegó que no fue notificada por escrito de la sentencia relacionada con su caso de desplazamiento forzado, lo que le impide conocer el monto de la reparación judicial y reclamar su pago, generando una dilación injustificada.

Respuesta de las entidades involucradas

La Sala de Justicia y Paz explicó que la audiencia de lectura de la sentencia se fijó para varias fechas de febrero de 2025 y que la decisión no está ejecutoriada. Asimismo, aclaró que la notificación electrónica es un mecanismo para facilitar la solicitud de copia de la sentencia, pero que la interesada no realizó el requerimiento. La Unidad Administrativa Especial indicó que la sentencia no está en proceso de pago por no estar ejecutoriada, y el Banco Agrario señaló que no recibió solicitud alguna para atender el caso.

Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia

En sus consideraciones, la Corte recordó los requisitos para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, enfatizando que la tutela solo procede en casos excepcionales con vicios procesales claros que afecten derechos fundamentales. La Corte concluyó que no se acreditó la vulneración del derecho al debido proceso, ya que la notificación formal está pendiente por el desarrollo de la audiencia y la solicitante tiene medios para acceder a la sentencia. Finalmente, la Corte negó el amparo y señaló que, en caso de que la sentencia sea favorable, la víctima...