La decisión revisada corresponde a una impugnación presentada contra el auto del Tribunal Superior que inadmitió una tutela por falta de legitimación en la causa por activa. En este caso, el apoderado judicial solicitó la entrega del expediente digital de un proceso penal, alegando vulneración del derecho fundamental de petición. Sin embargo, el tribunal consideró que el abogado no presentó un mandato específico que lo habilitara para actuar en representación de los titulares de los derechos reclamados.

Requisitos para el apoderamiento judicial en acciones de tutela

La Corte Suprema recordó que, aunque la acción de tutela tiene un carácter informal cuando es promovida directamente por los titulares, la representación mediante apoderado debe cumplir con requisitos estrictos. El poder debe ser otorgado por escrito, con facultades expresas para ejercer la acción constitucional, y conferido a un abogado con tarjeta profesional vigente. Además, el mandato debe ser específico y claro respecto a los asuntos que comprende. El abogado presentó un poder especial mediante mensaje de datos, conforme al Decreto Legislativo 806 de 2020, que permite la autenticidad de este tipo de documentos. Sin embargo, el mandato conferido facultaba para ejercer “cualquier acción legal constitucional que considere pertinente”, sin especificar la acción de tutela contra la Fiscalía involucrada. Por ello, el Tribunal Superior concluyó que no se subsanó la falta advertida inicialmente.

Notificaciones y debido proceso

El abogado impugnante alegó falta de notificación adecuada de la decisión que inadmitió la tutela. La Corte observó que, aunque se presentó una dirección de correo errónea, la comunicación se realizó y el profesional tuvo conocimiento de las decisiones, lo que impidió...