Antecedentes del caso

Un procesado por delitos de concierto para delinquir y extorsión agravada solicitó en dos ocasiones que las pruebas en su juicio oral se practicaran de forma presencial. Sin embargo, el juzgado especializado negó estas solicitudes alegando falta de disponibilidad de salas de audiencia y programó las fechas para la práctica de pruebas sin atender la petición. La defensa interpuso acción de tutela argumentando vulneración de derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia.

Decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior y recurso ante la Corte Suprema

La Sala Penal del Tribunal Superior declaró improcedente la tutela por no haberse interpuesto recurso de reposición contra la decisión que negó las pruebas presenciales. En respuesta, el apelante alegó que el juzgado no le informó sobre la procedencia de recursos ordinarios y que se le vulneraron sus derechos al no permitir la interposición de dichos recursos.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Corte recordó que, según la Ley 2213 de 2022 y la Ley 2430 de 2024, la práctica de pruebas debe ser presencial salvo en casos excepcionales de fuerza mayor debidamente acreditados. Además, destacó que la virtualidad en audiencias penales debe ser la excepción, especialmente en juicio oral, para preservar la inmediación y la valoración adecuada de la prueba. El juzgado debió informar a las partes sobre los recursos ordinarios procedentes contra la decisión de negar la práctica presencial. Al no hacerlo, incumplió con el procedimiento legal y la jurisprudencia constitucional. Asimismo, no fundamentó adecuadamente la supuesta fuerza mayor alegada por falta de salas, basándose en especulaciones sin evidencia.

Implicaciones y orden...