Antecedentes del caso

La administradora privada de fondos de pensiones interpuso acción de tutela contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior y varios juzgados laborales del circuito de Montería, alegando vulneración del derecho fundamental al debido proceso en varios procesos laborales. En estos procesos, se declaró la ineficacia del traslado de afiliados del régimen público de prima media al régimen privado de ahorro individual, ordenándose el traslado de los aportes acumulados a la entidad pública administradora. Las decisiones judiciales de primer y segundo grado confirmaron la ineficacia del traslado, y los recursos extraordinarios de casación presentados por la administradora privada fueron declarados improcedentes o bien denegados por falta de interés económico para recurrir, dado que las cuantías involucradas no superaban los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Argumentos y pretensiones

La administradora privada sostuvo que las decisiones judiciales desconocían el precedente de la Corte Constitucional establecido en la sentencia SU-107 de 2024, que estableció reglas específicas para la devolución de cuotas de administración y primas de seguro previsional en casos de ineficacia de traslado pensional. Alegó que hubo vía de hecho y violación al debido proceso, y solicitó que se revocaran las decisiones y se aplicara correctamente el precedente constitucional.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Sala recordó que la acción de tutela es un mecanismo extraordinario, subsidiario y residual, que sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial. Se enfatizó la necesidad de agotar todos los recursos ordinarios y extraordinarios antes de acudir a la tutela, especialmente cuando se impugnan decisiones judiciales. Respecto a la procedencia, la Sala analizó caso por caso y concluyó que en algunos radicados no se cumplían los requisitos de inmediatez y subsidiariedad para admitir la tutela. En otros, aunque se cumplían los requisitos generales, no se detectaron defectos específicos o violaciones constitucionales que justificaran la intervención del juez constitucional. Se destacó la autonomía y independencia judicial en la interpretación y aplicación de la normatividad, así como la obligatoriedad de respetar las líneas jurisprudenciales fijadas por la Sala de Casación Laboral en materia de ineficacia de traslado pensional. Además, se reiteró que la ineficacia del traslado implica la devolución de aportes, rendimientos y gastos de administración a la entidad pública, conforme a la jurisprudencia vigente.

Decisión final

La Corte Suprema declaró improcedente la acción de tutela en algunos casos y negó el amparo en otros, confirmando la validez y razonabilidad de las decisiones judiciales cuestionadas. Se remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Salvamento de voto

Una magistrada expresó salvamento de voto, argumentando que en uno de los casos se abordó un estudio de fondo en la tutela cuando debió haberse promovido recurso de reposición y, en subsidio, de queja contra la negativa de admisión del recurso extraordinario de casación. Señaló que la acción de tutela no debe usarse para revivir términos procesales expirados ni para sustituir recursos ordinarios previstos en la ley.

Implicaciones

Esta decisión reafirma los límites y requisitos para el uso de la acción de tutela contra providencias judiciales, destacando el respeto a la autonomía judicial y la necesidad de agotar los recursos ordinarios. Además, confirma la interpretación jurisprudencial sobre la ineficacia de traslados entre regímenes pensionales y las consecuencias económicas derivadas para las administradoras de fondos privados. Este precedente es relevante para administradoras de pensiones, usuarios y operadores judiciales, pues contribuye a consolidar el marco jurídico aplicable en controversias sobre traslados entre regímenes pensionales y la protección de derechos fundamentales en este ámbito.

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La Corte Suprema niega tutela a administradora de fondos de pensiones en procesos sobre traslado de regímenes pensionales

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