La Sala de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia resolvió una acción de tutela presentada por una administradora de fondos de pensiones contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín. La tutela pretendía proteger los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, tras una decisión judicial que ordenó la devolución de gastos administrativos en un caso de traslado pensional declarado ineficaz.

Contexto del caso y decisiones previas

El caso se originó a partir de un proceso laboral en el que se declaró la ineficacia del traslado desde el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) de un afiliado. En primera instancia, se ordenó a la administradora privada devolver los saldos de la cuenta de ahorro individual, rendimientos financieros, y gastos administrativos al fondo público, además de reactivar la afiliación al RPM sin solución de continuidad. La Sala Laboral del Tribunal Superior confirmó esta decisión en apelación, enfatizando que los gastos administrativos, primas de seguros y fondos para garantía de pensión mínima debían ser devueltos por la administradora privada con sus propios recursos, orden que fue negada en recurso de casación por falta de interés para recurrir.

Cuestión jurídica y argumentos de la tutela

La administradora promotora de la tutela argumentó que la Sala Laboral desconoció el precedente constitucional establecido en la sentencia SU-107 de 2024 de la Corte Constitucional, la cual establece que no es factible ordenar la devolución de valores pagados por primas, gastos administrativos y porcentaje del fondo de garantía de pensión mínima. Por ello, solicitó...