Contexto y antecedentes de los procesos

En varios procesos ordinarios laborales, la sociedad administradora de fondos de pensiones demandó la nulidad de traslados al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS), alegando que los afiliados se encontraban válidamente inscritos en el régimen de prima media con prestación definida (RPM), administrado por Colpensiones. Las sentencias de primera instancia declararon la ineficacia de dichos traslados y ordenaron la devolución a Colpensiones de aportes, rendimientos y gastos de administración, entre otros conceptos, debidamente indexados. Las decisiones de apelación modificaron algunos de estos puntos, consolidando la obligación de devolver sumas por gastos de administración, primas de seguros previsionales y porcentajes destinados a fondos de garantía, con cargo a los recursos propios de la administradora demandada. Contra estas decisiones, la administradora presentó recursos extraordinarios de casación que fueron negados por falta de interés económico. Posteriormente, promovió acción de tutela para proteger sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad, argumentando que las sentencias desconocían el precedente jurisprudencial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-107 de 2024.

Decisión de la Corte Suprema y análisis jurídico

La Sala de Casación Laboral declaró improcedente la tutela en primera instancia por incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, dado que la sociedad contaba con recursos de reposición y en subsidio de queja que no agotó. En impugnación, la Sala modificó esta decisión y negó el amparo de fondo, señalando que la acción constitucional no podía sustituir los recursos ordinarios. En el análisis de fondo, la Corte destacó que las sentencias impugnadas se ajustaron a la autonomía judicial reconocida en...