Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta por una administradora de fondos de pensiones contra decisiones judiciales que confirmaron la ineficacia del traslado de afiliación del régimen de prima media con prestación definida (RPM) al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS). Los procesos laborales involucrados ordenaron la restitución de aportes y rendimientos a la entidad administradora del régimen original, además de la devolución de gastos de administración, primas de seguros previsionales y aportes al fondo de garantía de pensión mínima, sin descuentos y debidamente indexados. Los fallos de primera instancia y los posteriores pronunciamientos de tribunales superiores confirmaron estas decisiones. Sin embargo, la administradora demandante cuestionó la improcedencia de la acción de tutela por no haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, especialmente los recursos de reposición y queja contra la negativa de admisión del recurso extraordinario de casación.

Decisión de la Corte Suprema y fundamentos

La Sala de Casación Laboral declaró improcedente la tutela por falta del requisito de subsidiariedad, ya que la administradora no agotó los recursos procesales disponibles dentro del proceso ordinario laboral. Además, la Corte consideró que los recursos de reposición y queja son mecanismos idóneos para controvertir la negativa de admisión del recurso extraordinario de casación. Se recordó que la acción de tutela contra decisiones judiciales es una medida excepcional y residual, aplicable solo cuando se cumplan requisitos estrictos de procedibilidad, que incluyen la agotación de los medios ordinarios de defensa y evidencia clara de vulneración de derechos fundamentales debido a defectos específicos en la providencia judicial. Respecto al fondo del asunto, la Corte reafirmó la...