Contexto y antecedentes del caso

En un proceso penal por delito de violencia intrafamiliar, que se adelanta bajo procedimiento abreviado, se presentó una acción de tutela contra la decisión de un juzgado penal municipal que rechazó la incorporación de pruebas adicionales presentadas por la Fiscalía, consistentes en historias clínicas y mensajes de redes sociales. La defensa técnica se opuso a la admisión de estas evidencias por considerarlas presentadas fuera del término procesal establecido. El juez de primera instancia negó la admisión de dichas pruebas, decisión que fue confirmada en segunda instancia. Posteriormente, se interpuso la acción de tutela solicitando revocar estas decisiones para garantizar el derecho al debido proceso, a la defensa, y al interés superior del niño, dada la condición de víctima del hijo menor involucrado en el caso.

Decisión de la Corte Suprema

La Sala de Casación Penal revisó la impugnación contra la sentencia de tutela y estableció que la acción no cumplió con los requisitos de procedencia, específicamente los de subsidiariedad e inmediatez. - En cuanto a la subsidiariedad, la Corte recordó que, estando en curso el proceso penal, es en el propio trámite donde deben ventilarse las controversias relacionadas con la admisión o rechazo de pruebas. El proceso penal ofrece mecanismos para que las víctimas y sus representantes hagan valer sus derechos y presenten recursos ante el juez natural. - Respecto a la inmediatez, se destacó que entre la confirmación del rechazo de las pruebas y la presentación de la tutela transcurrieron nueve meses, superando el plazo recomendado por la jurisprudencia para acudir a este mecanismo, que es de seis meses. Dado que...