Antecedentes del caso

Un ciudadano interpuso acción de tutela contra un juzgado de ejecución de penas, tras la presunta extinción de su pena por prescripción y la solicitud de anonimización de sus datos personales en los registros judiciales. Alegó que la omisión en resolver dicha solicitud vulneraba sus derechos fundamentales al habeas data, al buen nombre, y de forma indirecta, al trabajo y a la seguridad social. El juzgado de ejecución de penas respondió que no contaba con evidencia suficiente para declarar extinguida la sanción y por tanto no podía acceder a la petición de anonimización. Además, indicó que se habían solicitado medios probatorios para resolver de fondo. El centro de servicios administrativos judiciales informó que atendía las órdenes impartidas sin vulnerar derechos. La sala penal del tribunal superior de la capital negó la tutela, señalando que el juzgado actuó dentro de un término razonable y no vulneró derechos.

Consideraciones jurídicas

La Corte Suprema recordó que la acción de tutela protege derechos fundamentales cuando no existen otros medios judiciales eficaces y que en materia penal las solicitudes deben entenderse como derechos de postulación, ligados al debido proceso. La Corte destacó que la información sensible relacionada con condenas penales debe tratarse con especial cuidado, y que la anonimización de datos en bases públicas requiere prueba judicial sobre extinción, cumplimiento o prescripción de la pena, conforme a la ley de protección de datos personales. En este caso, aunque el solicitante afirmó la extinción de la pena, no aportó las pruebas judiciales necesarias. El juzgado actuó conforme a las reglas procesales, solicitando los elementos probatorios para resolver la petición,...