Antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta por un condenado por delitos relacionados con estupefacientes, quien solicitó el traslado a un Centro de Armonización Indígena. El Juzgado de Ejecución de Penas negó dicha solicitud, y el interesado interpuso recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, que aún no ha resuelto el recurso. Por esta demora, se alegó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Fundamentos jurídicos y análisis de la Corte

La Corte recordó que la acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional y requiere cumplir con ciertos requisitos de procedibilidad, entre ellos la demostración de vicios procesales graves o violaciones directas a la Constitución. En cuanto a la mora judicial, la Sala enfatizó que las autoridades deben tramitar y resolver los asuntos judiciales de manera diligente y dentro de los términos legales. Sin embargo, la jurisprudencia admite que la congestión judicial y la alta carga laboral pueden justificar demoras, siempre que no haya negligencia o falta de diligencia en la autoridad. En este caso, la Sala Penal del Tribunal Superior explicó que maneja una carga de 222 procesos, con solo un auxiliar y un profesional especializado de apoyo. Además, prioriza ciertos asuntos constitucionales y procesos con prescripción próxima, lo que explica la demora en resolver el recurso de apelación.

Decisión y consecuencias

La Corte concluyó que, si bien la Sala Penal del Tribunal Superior no cumplió con los términos legales para resolver la apelación, la mora está justificada por la congestión judicial y la limitada capacidad de personal....