Antecedentes del caso

La acción de tutela fue interpuesta por la víctima de un atentado sufrido en diciembre de 2023, quien solicitó a la Fiscalía copias digitales del expediente y avances de la investigación. La Fiscalía respondió que solo manejaba expedientes físicos y que era necesario acudir personalmente para obtener copias. Ante esta situación, la víctima solicitó protección judicial argumentando violación de sus derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y derecho de petición. Durante el trámite, la Fiscalía informó que había respondido la solicitud mediante correo electrónico y entregado copias del expediente al apoderado de la víctima. Por ello, el tribunal de primera instancia declaró improcedente la tutela al considerar que el hecho estaba superado.

Impugnación y decisión de la Corte

Se impugnó la sentencia argumentando que el correo electrónico al cual se envió la respuesta no correspondía al autorizado para notificaciones, por lo que la comunicación no fue efectiva. La Corte Suprema revisó la documentación y constató que el correo usado por la Fiscalía estaba registrado en varios documentos presentados por el apoderado, por lo que la comunicación sí fue válida. Además, la Fiscalía aportó copias completas del expediente, a las cuales la víctima tuvo acceso. Por tanto, la Corte concluyó que la finalidad de la tutela estaba satisfecha y que no existía vulneración actual de derechos fundamentales.

Implicaciones y conclusiones

Este fallo reafirma que la acción de tutela pierde su objeto cuando la autoridad responde adecuadamente la solicitud planteada, incluso si existen discrepancias menores sobre medios de notificación. Además, destaca que el acceso a la información procesal para las víctimas es...