La Corte Suprema de Justicia resolvió una impugnación presentada contra la sentencia de tutela proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior. En este caso, el accionante, quien fue reconocido como exmiembro de un grupo desmovilizado, fue condenado mediante sentencia anticipada por el delito de concierto para delinquir. Posteriormente, solicitó la tutela argumentando la vulneración de sus derechos al debido proceso, al acceso a la justicia y a la defensa, y pidió anular la sentencia y su libertad inmediata. La Sala Penal del Tribunal Superior declaró improcedente la tutela, señalando que el accionante no ejerció los recursos ordinarios disponibles. Este criterio fue confirmado por la Corte Suprema, que destacó que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario y excepcional, destinado a proteger derechos fundamentales cuando no existen otros medios judiciales efectivos o para evitar perjuicios irremediables. La Corte recordó los requisitos para que proceda la tutela contra providencias judiciales, incluyendo la relevancia constitucional, el agotamiento de medios ordinarios y la existencia de un perjuicio irremediable. En el caso concreto, el actor aceptó voluntariamente los cargos y no agotó los recursos ordinarios para controvertir la sentencia anticipada, además de no demostrar la urgencia o gravedad necesaria para justificar la tutela. Se enfatizó que la privación de la libertad está fundamentada en una sentencia válida y que existen vías extraordinarias para impugnarla, con apoyo del sistema de defensoría pública en caso de limitaciones económicas. Por ello, la Corte concluyó que la tutela no cumplía con los requisitos de procedencia y confirmó la sentencia que negó el amparo solicitado. Esta decisión reafirma la importancia de respetar...