Contexto del caso y solicitud de tutela

El proceso se originó por la acción de tutela presentada por un particular que alegó la vulneración de su derecho al debido proceso. El solicitante afirmó haber presentado una queja contra un profesional del derecho por supuestas faltas éticas y solicitó copias de documentos allegados en el proceso disciplinario. Sin embargo, denunció que no se le entregaron dichos elementos y que se le negó la comunicación para pronunciarse. En consecuencia, pidió que se ordenara a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial entregar los elementos materiales probatorios presentados, además de solicitar la intervención de la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Registraduría Nacional para verificar la autenticidad de firmas en un contrato.

Decisión en primera instancia y fundamentos

El Tribunal Superior del Distrito Judicial, al resolver la tutela, estableció que el accionante no demostró haber presentado solicitudes formales ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, requisito que recae sobre quien interpone la acción. Asimismo, señaló que la solicitud de intervención de otras entidades no era procedente en esta vía, ya que corresponde dirigirse directamente a dichas instituciones para tales requerimientos. Por estas razones, el tribunal negó la acción de tutela.

Impugnación y análisis de la Corte Suprema

El solicitante interpuso recurso de impugnación, argumentando que sí existía prueba documental de la petición, la cual fue radicada por una tercera persona. Al revisar el expediente, la Sala constató que la petición fue presentada por un tercero y no por el accionante, por lo que este incumplió con acreditar la radicación de la solicitud. Además, la Corte recordó que el derecho fundamental en...