Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue promovida por el representante legal de una veeduría ciudadana dedicada a la vigilancia del sistema penitenciario y carcelario, quien denunció el hacinamiento en la Estación de Policía de La Candelaria, que alberga aproximadamente 400 personas en una infraestructura con capacidad para 80. Se alegaron condiciones deplorables en la estación, como falta de ventilación, oscuridad, alimentación insuficiente y ausencia de atención en salud, generando violaciones a derechos fundamentales como la dignidad humana y la integridad personal. Se solicitó el traslado de los detenidos a instalaciones adecuadas, inspección urgente y medidas para evitar la prolongación injustificada de la detención.

Decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín declaró improcedente la tutela argumentando que el representante de la veeduría no estaba legitimado para actuar en nombre de las personas privadas de la libertad. Según el tribunal, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que sólo los titulares del derecho, o sus representantes debidamente acreditados, pueden promover la acción. Además, no se demostró que los detenidos estuvieran imposibilitados para acudir a la tutela personalmente, requisito indispensable para la actuación como agente oficioso.

Análisis de la Corte Suprema de Justicia

Al revisar la impugnación, la Corte Suprema reafirmó el marco legal sobre legitimación en la acción de tutela. Recordó que sólo pueden promoverla quienes tienen el derecho propio o quienes actúan como representantes legales, apoderados con poder especial o agentes oficiosos que acrediten la imposibilidad del titular para actuar directamente. También pueden hacerlo el Defensor del Pueblo y los personeros...