Contexto y antecedentes del caso

La administradora de pensiones presentó acción de tutela buscando amparar sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, tras sentencias proferidas en procesos laborales en los que se le condenó a reintegrar gastos de administración, primas de seguro previsional y otros recursos vinculados al traslado de régimen pensional declarado ineficaz. Las sentencias cuestionadas fueron emitidas por un tribunal superior y modificaron decisiones de primera instancia que inicialmente ordenaban reintegros más amplios. La tutela pretendía que se ordenara aplicar correctamente el precedente constitucional fijado en la sentencia SU-107 de 2024, relacionada con los lineamientos para el manejo de primas y gastos de administración en fondos de pensiones, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Decisión de primera instancia y fundamentos

La Sala de Casación Laboral que conoció inicialmente la tutela declaró su improcedencia al considerar que la administradora incumplió los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Respecto a la inmediatez, la acción se interpuso fuera del plazo razonable de seis meses desde la emisión de las sentencias impugnadas. En cuanto a la subsidiariedad, se evidenció que no se agotaron los recursos ordinarios y extraordinarios, ya que no se presentó apelación ni recurso de casación contra las sentencias cuestionadas.

Impugnación y análisis de la Corte Suprema

La impugnación argumentó que los recursos de reposición y queja no deberían incluirse dentro de la evaluación de subsidiariedad y criticó la interpretación de los jueces sobre el interés jurídico para recurrir en casación. Sin embargo, la Corte Suprema ratificó la improcedencia de la tutela, enfatizando que la acción constitucional es un mecanismo excepcionalísimo...