Antecedentes y hechos probados

La acción judicial surgió tras la muerte de una persona civil ocurrida en enero de 2006 en el municipio de Mutatá (Antioquia), a manos de miembros del Grupo Especial Halcón del Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional, en el marco de la denominada Misión Táctica No. 3 Etiopía. El operativo tenía como objetivo ubicar una “caleta” de armas de grupos armados ilegales en la zona y, en caso de resistencia, capturar o dar de baja a sus integrantes. Los informes oficiales indicaron que durante el regreso del operativo se produjo un enfrentamiento armado con insurgentes, resultando abatida la víctima, quien fue reportada como integrante de las FARC. Sin embargo, testimonios de vecinos y familiares sostuvieron que la persona fallecida era un trabajador independiente, dedicado al aserrío, sin nexos con grupos armados, que desapareció mientras retornaba a su residencia luego de su jornada laboral. El cadáver fue encontrado vestido con prendas militares y portando armas y municiones, distintas a las que vestía horas antes de su desaparición, generando dudas sobre la veracidad del enfrentamiento y la legitimidad del uso de la fuerza. Se comprobó además la manipulación de la escena y de la evidencia por parte de los militares, así como deficiencias en la cadena de custodia y en la investigación judicial.

Análisis jurídico y responsabilidad del Estado

El Consejo de Estado reiteró los principios constitucionales y convencionales que protegen el derecho a la vida y prohíben las ejecuciones extrajudiciales, señalando la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar estos hechos. Se destacó la importancia de las primeras etapas de la...