Antecedentes del caso

La demanda fue interpuesta contra el Departamento de Antioquia mediante el medio de control de reparación directa, solicitando la declaratoria de responsabilidad administrativa y patrimonial por daños supuestamente ocasionados durante la ejecución de un contrato de obra pública para la remoción de un derrumbe en una carretera local. Los demandantes alegaron que la remoción se hizo de forma inadecuada, causando daños materiales en un predio vecino, incluyendo afectaciones a construcciones y desestabilización de la vivienda principal. En defensa, el Departamento sostuvo que el daño fue causado por un fenómeno natural, específicamente por la saturación del suelo debido a lluvias intensas y características geológicas, y no por la ejecución del contrato. Además, invocó excepciones como la inexistencia de falla en el servicio, falta de pruebas, fuerza mayor y caducidad de la acción. La compañía de seguros llamada en garantía argumentó que las pólizas no cubrían la responsabilidad reclamada, dado que los daños derivaron de causas externas.

Decisiones judiciales y análisis

El Tribunal Administrativo de Antioquia, en primera instancia, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no se probaron hechos posteriores al derrumbe ocurrido en junio de 2010 que pudieran ser imputables al Departamento. También señaló que la acción fue presentada dentro del término legal. En apelación, el Consejo de Estado revisó las pruebas testimoniales y periciales, concluyendo que no existe evidencia suficiente para demostrar que la remoción de escombros realizada durante la ejecución del contrato haya generado un daño nuevo o distinto al ya existente por el deslizamiento inicial. Los informes técnicos indicaron que las causas del deslizamiento fueron naturales y...