Contexto y antecedentes del caso

En un proceso de restitución de inmueble arrendado, la parte demandante solicitó la reparación directa contra la Rama Judicial y autoridades locales, alegando errores judiciales y actuaciones irregulares que afectaron sus derechos y causaron perjuicios materiales y morales. Según la demanda, se ordenó la restitución de un inmueble distinto al que realmente ocupaba la estación de servicio, generando un desalojo con daños a las instalaciones y pérdida de la actividad comercial. Durante el proceso judicial, la parte demandante no impugnó oportunamente las decisiones cuestionadas mediante los recursos ordinarios previstos en el procedimiento. Además, no aportó pruebas suficientes que acreditaran la existencia de perjuicios materiales como la destrucción o sustracción de bienes durante la diligencia de entrega.

Análisis de la Sala y fundamentos jurídicos

La Sala de lo Contencioso Administrativo recordó que la acción de reparación directa por error judicial está condicionada a la previa interposición y resolución firme de los recursos ordinarios que permitan corregir las posibles decisiones erróneas. En este caso, no se evidenció que se hubieran interpuesto recursos contra el auto que ordenó la entrega del inmueble ni contra las decisiones tomadas durante la diligencia de restitución. Asimismo, se señaló que la demanda de reparación directa no puede sustituir los mecanismos procesales ordinarios ni servir como una instancia adicional para cuestionar decisiones judiciales ya firmes. La carga probatoria y argumentativa recae en la parte demandante para demostrar que los recursos fueron interpuestos y resueltos en su favor, lo cual no ocurrió. Por otro lado, la Sala destacó que la parte demandante tenía una relación contractual de arrendamiento reconocida con...