Antecedentes y demanda

Se presentó acción de nulidad contra los Decretos 2712 y 2713 de 2010, expedidos por el Presidente de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Cultura y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Estos decretos aprobaron la modificación de la estructura y la planta de personal del Instituto Caro y Cuervo, con el fin de modernizar la entidad y profesionalizar su planta de personal. Los demandantes alegaron que dichos decretos fueron expedidos sin competencia, desconocieron normas legales y constitucionales, y vulneraron el derecho a la igualdad y el principio de equidad salarial, al favorecer desproporcionadamente a empleados de mayor jerarquía en detrimento de otros trabajadores. También señalaron que la justificación de modernización institucional fue una falsa motivación.

Contestaciones de las entidades demandadas

El Presidente de la República y los ministerios involucrados sostuvieron que los decretos fueron expedidos dentro de sus competencias constitucionales y legales, y que no contenían disposiciones relacionadas con incrementos salariales sino con la modificación administrativa y de planta de personal. Se indicó que cualquier reclamo salarial debería dirigirse a otros actos administrativos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público señaló que los decretos demandados fueron derogados posteriormente, pero que ello no impedía el control de legalidad sobre los mismos. El Departamento Administrativo de la Función Pública destacó que la existencia de regímenes salariales especiales no vulnera el principio de igualdad constitucional si se fundamentan en criterios objetivos y legales. El Instituto Caro y Cuervo manifestó que los decretos se expidieron en ejercicio de facultades constitucionales y legales, y que la reestructuración se basó en...