Antecedentes del caso y demandas presentadas

En el año 2017, los demandantes interpusieron una acción de reparación directa contra la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, reclamando responsabilidad extracontractual por la privación injusta de la libertad sufrida por un ciudadano durante nueve meses y nueve días en un proceso penal. Solicitaron el reconocimiento de perjuicios morales y materiales, incluyendo indemnizaciones calculadas con base en salarios mínimos legales mensuales vigentes, y lucro cesante conforme a parámetros establecidos por la jurisprudencia y estudios laborales nacionales.

Decisiones en instancias ordinarias

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cartago negó las pretensiones luego de considerar que la detención preventiva se fundamentó en elementos probatorios legítimos, avalando la legalidad de la medida. Posteriormente, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó esta decisión tras analizar las circunstancias del allanamiento y la captura, concluyendo que la medida restrictiva no fue arbitraria ni desproporcionada. Se destacó que la preclusión del proceso penal se produjo principalmente por un preacuerdo relacionado con otro involucrado y no por la ausencia de responsabilidad del detenido.

Recurso extraordinario de revisión y su análisis

Los demandantes presentaron recurso extraordinario de revisión invocando la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que se refiere a la existencia de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. Alegaron que la sentencia no valoró adecuadamente una prueba fundamental que, según ellos, demostraría...