Antecedentes del caso

En 2011, el Alcalde Municipal de Duitama emitió dos resoluciones mediante las cuales se ordenó la expropiación administrativa de un inmueble ubicado en la carrera 20, con un precio indemnizatorio fijado en aproximadamente 154 millones de pesos. Los propietarios del predio presentaron demanda solicitando la nulidad parcial de estos actos, argumentando que el valor reconocido era inferior al valor comercial real, basándose en un avalúo diferente y en evidencias como un video que mostraba el estado de la construcción.

Defensa del Municipio y valoración judicial

El Municipio defendió la legalidad de los actos, señalando que el avalúo oficial fue elaborado por la Lonja de Propiedad Raíz de Boyacá, conforme a la Ley 388 de 1997 y sus reglamentaciones, y que se ajustó a criterios técnicos objetivos. Se afirmó que la zona del inmueble presenta características particulares que justifican el valor fijado y que la entidad no tiene competencia para fijar libremente el precio, sino que debe basarse en avalúos autorizados. El Tribunal Administrativo de Boyacá, en primera instancia, negó las pretensiones de la demanda, concluyendo que no se probó la incorrección del avalúo oficial. Además, señaló que la ausencia de una etapa obligatoria de mutuo acuerdo para fijar el valor no afecta la legalidad del proceso.

Recurso de apelación y análisis del Consejo de Estado

Los demandantes apelaron la decisión, alegando que el dictamen pericial elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) dentro del proceso demostraba un valor mayor y que el juez debió dar plena eficacia probatoria a dicho dictamen, solicitando además que se complementara el mismo ante supuestas falencias. El Consejo...