Contexto y antecedentes del caso

La acción popular fue interpuesta contra el Municipio de Marquetalia y la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) por presunto incumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por las Leyes 1151 de 2007 y 1450 de 2011. Esta norma obliga a departamentos y municipios a destinar al menos el 1 % de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de áreas estratégicas para la conservación de recursos hídricos que abastecen los acueductos. La demanda alegaba una vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa y al goce de un ambiente sano debido a la supuesta omisión en la inversión de dichos recursos.

Posiciones de las entidades demandadas

El Municipio de Marquetalia negó la vulneración, argumentando haber cumplido con la normativa mediante contratos, adquisición de predios estratégicos, siembra de árboles y programas de conservación en coordinación con Corpocaldas y otras entidades. Corpocaldas sostuvo que sus funciones se limitan a definir áreas prioritarias y apoyar técnicamente, sin responsabilidad directa en la inversión de recursos para adquisición de predios. Por su parte, el Departamento de Caldas afirmó haber destinado el 1 % de sus ingresos corrientes para conservación en el ámbito departamental, no específicamente en Marquetalia, y cuestionó la procedencia de la acción popular para este caso.

Decisión del tribunal de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Caldas declaró responsable al Municipio de Marquetalia y al Departamento de Caldas por la vulneración del derecho colectivo al goce de un ambiente sano, ordenando medidas concretas para la inversión y conservación de áreas estratégicas, además de exigir informes detallados sobre el uso de recursos desde 1994 hasta 2022.

Revisión y fallo del Consejo de Estado

El Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó la responsabilidad del Municipio de Marquetalia, manteniendo las órdenes de conservación y apropiación presupuestal. Sin embargo, revocó la declaración de responsabilidad del Departamento de Caldas, señalando que no se acreditó violación ni amenaza al derecho colectivo en el ámbito departamental. La Sala explicó que la obligación del departamento debe evaluarse en el conjunto de los municipios bajo su jurisdicción, y no exclusivamente en relación con Marquetalia. Además, la Sala determinó que no existió vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, dado que no se acreditaron elementos subjetivos que evidenciaran mala fe o ánimo de beneficio indebido por parte de las entidades. Se resaltó que las entidades aportaron evidencia suficiente para demostrar el cumplimiento de sus funciones.

Implicaciones y medidas ordenadas

El Municipio de Marquetalia debe abstenerse de continuar con conductas contrarias al derecho colectivo al ambiente sano y elaborar un informe analítico sobre la destinación de recursos para conservación. Asimismo, deberá planificar y ejecutar, en coordinación con Corpocaldas, programas y proyectos para la adquisición y mantenimiento de áreas estratégicas. El fallo también ordena la publicación de la sentencia en un diario de amplia circulación nacional y la conformación de un comité de verificación integrado por representantes de las entidades involucradas y organismos de control para dar seguimiento al cumplimiento de la decisión.

Conclusiones

Este pronunciamiento reafirma la importancia del cumplimiento estricto de las obligaciones legales en materia ambiental para garantizar el derecho colectivo al ambiente sano. Aunque se descarta la vulneración del derecho a la moralidad administrativa en este caso, la sentencia enfatiza la responsabilidad concreta de las entidades territoriales en la protección de recursos hídricos y la necesidad de rendición de cuentas transparentes. La decisión establece un precedente en la interpretación del artículo 111 de la Ley 99 de 1993, diferenciando las obligaciones del departamento y los municipios dentro de su jurisdicción, y delimita el alcance de la acción popular para exigir estas responsabilidades, fortaleciendo así el marco jurídico ambiental en Colombia.