Antecedentes del caso y pretensiones

Un grupo de 152 familias demandó a la Nación, en su Rama Judicial y a la Fiscalía General, por los daños materiales y morales sufridos como consecuencia de un proceso penal en el que la Corte Suprema de Justicia declaró la prescripción de la acción penal contra los responsables de un esquema de estafa agravada en proyectos de vivienda social. Los demandantes solicitaban la declaratoria de responsabilidad estatal por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que habría causado la dilación del proceso penal y la prescripción, impidiendo así la reparación integral de las víctimas. Además, solicitaron medidas como la realización de un acto conmemorativo con disculpas públicas y la financiación de un plan de mejoramiento de vivienda para los afectados.

Contexto procesal y posiciones de las partes

El caso se originó por una investigación penal contra los dirigentes de un movimiento político y las entidades involucradas en la promoción y construcción de viviendas de interés social, que resultaron en estafa agravada. El proceso penal enfrentó múltiples nulidades, acumulaciones y desacumulaciones de causas, así como numerosos recursos presentados tanto por los acusados como por las víctimas. La Fiscalía y la Rama Judicial negaron responsabilidad, argumentando que la prescripción de la acción penal fue un hecho normal y que la administración de justicia actuó conforme a la ley y con diligencia.

Decisiones judiciales y recurso de apelación

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones, concluyendo que no hubo defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y que la prescripción fue causada por la complejidad del proceso y la multiplicidad de recursos,...