Antecedentes del caso

La sociedad demandante interpuso un recurso de nulidad y restablecimiento del derecho contra dos resoluciones de la DIAN, mediante las cuales se negó la configuración del silencio administrativo positivo en un procedimiento aduanero. El caso se originó tras el decomiso de mercancías (perfumes y cosméticos) aprehendidas por la DIAN, y la subsiguiente presentación de un recurso de reconsideración por parte de la sociedad demandante. Esta alegó que la entidad no resolvió el recurso dentro del plazo legal de tres meses, por lo que debía entenderse otorgado el silencio administrativo positivo y procedente la devolución de la mercancía.

Plazos y suspensión del término para resolver recursos

El Decreto 2685 de 1999 establece que la DIAN debe resolver los recursos de reconsideración en un plazo perentorio de tres meses. Este plazo puede suspenderse durante el período probatorio, que puede extenderse hasta tres meses si se practican pruebas en el exterior. La administración debe decretar las pruebas dentro del mes siguiente a la presentación del recurso; sin embargo, la suspensión del término para decidir se cuenta desde la ejecutoria del acto que las decretó. En el caso en estudio, la DIAN inicialmente negó la práctica de pruebas solicitadas, pero posteriormente ordenó de oficio la práctica de pruebas pertinentes, incluyendo algunas en el exterior. Esto suspendió el plazo para resolver el recurso. Finalmente, la DIAN resolvió el recurso dentro del plazo ampliado, cumpliendo con las disposiciones legales vigentes.

Análisis de la Sala y decisión

El Consejo de Estado determinó que las resoluciones de la DIAN no vulneraron el debido proceso ni los plazos legales establecidos. Se destacó que la suspensión del término para resolver el recurso se aplicó correctamente, y que la administración conservó la facultad de ordenar pruebas de oficio mientras no venciera el plazo para decidir de fondo. La Sala aclaró que los términos perentorios aplican para la decisión de fondo, pero no para actos de trámite como la práctica de pruebas. Por tanto, se confirmó la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de las resoluciones impugnadas y negó que se hubiera configurado el silencio administrativo positivo. Además, se descartó la imposición de costas en esta instancia.

Implicaciones prácticas

Esta sentencia reafirma que en los procedimientos aduaneros el silencio administrativo positivo opera solo cuando la administración incumple el plazo perentorio para decidir de fondo un recurso, y que la suspensión del término durante el periodo probatorio debe ser respetada. También establece que la administración puede ordenar pruebas de oficio dentro de los plazos legales para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso. Para los administrados y abogados, este fallo enfatiza la importancia de entender los plazos y etapas del procedimiento administrativo aduanero, así como los efectos jurídicos del silencio administrativo positivo en este contexto. En conclusión, la decisión del Consejo de Estado fortalece la seguridad jurídica en materia aduanera y proporciona claridad sobre la correcta aplicación de los términos procesales y el manejo del silencio administrativo en los recursos de reconsideración.

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Consejo de Estado confirma legalidad de resoluciones de la DIAN sobre silencio administrativo positivo en procedimiento aduanero

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