La sentencia analizada corresponde a un recurso de apelación presentado contra la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio a un representante legal de una empresa involucrada en un concurso público convocado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La sanción se derivó de la constatación de prácticas restrictivas de la competencia, específicamente colusión, en la adjudicación de contratos para la supervisión técnica y administrativa de programas sociales.

Contexto y desarrollo del caso

En el concurso público, varias empresas presentaron propu ...