Antecedentes del caso

El caso se originó a partir de una demanda ejecutiva presentada por la administradora de un fondo fiduciario, en calidad de cesionaria de derechos económicos reconocidos en una sentencia de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación. La demanda buscaba el pago de una suma principal y los intereses moratorios correspondientes derivados de la condena proferida por el Consejo de Estado en 2017. La Fiscalía General de la Nación alegó haber cumplido con la obligación mediante pagos realizados a los beneficiarios iniciales y solicitó la excepción de pago total. Sin embargo, no acreditó que dichos pagos se hubieran efectuado directamente a la cesionaria reconocida, como lo establecen los contratos de cesión aceptados formalmente.

Decisión de primera instancia y recurso de apelación

El Tribunal Administrativo de La Guajira declaró probada parcialmente la excepción de pago, pero ordenó continuar con la ejecución al considerar que los pagos realizados no cubrieron la totalidad de la obligación ni se efectuaron conforme a lo establecido en los contratos de cesión. La Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación, reiterando su argumento sobre el pago total a los beneficiarios y la obligación de estos de devolver los montos al cesionario.

Consideraciones de la sala de apelación

La Sala recordó que la obligación debe cumplirse con el cesionario reconocido, y que en ausencia de autorización expresa, el pago realizado a los beneficiarios iniciales no libera la obligación para la ejecutada. Se resaltó que la Fiscalía aceptó formalmente las cesiones de derechos económicos a la sociedad administradora del fondo fiduciario, por lo que estaba obligada a efectuar...