Contexto y antecedentes del proceso

Un ciudadano solicitó la pérdida de investidura de un concejal electo para el período constitucional 2024-2027, argumentando que este celebró un contrato de prestación de servicios profesionales como médico general con una Empresa Social del Estado (E.S.E.) del departamento, mientras ejercía su función pública. La solicitud se fundamentó en la incompatibilidad establecida en el inciso 1° del artículo 127 de la Constitución Política, que prohíbe a los servidores públicos celebrar contratos con entidades públicas o con personas privadas que manejen recursos públicos, salvo excepciones legales. En primera instancia, el Tribunal Administrativo negó la solicitud, argumentando que el contrato celebrado no interfería con las funciones del concejal ni se relacionaba con asuntos del municipio donde fue elegido, y además invocó una excepción contemplada en el artículo 8° de la Ley 1368 de 2009, que permite a los concejales ejercer su profesión u oficio bajo ciertas condiciones.

Competencia y problema jurídico

El Consejo de Estado, en segunda instancia, analizó si el concejal incurrió en incompatibilidad y si procedía la pérdida de investidura. Para ello, estudió (i) la condición del concejal como servidor público, (ii) la causal de incompatibilidad prevista en el artículo 127 constitucional, y (iii) las posibles excepciones alegadas.

Marco normativo aplicable

El artículo 127 de la Constitución Política establece una incompatibilidad general para los servidores públicos que prohíbe celebrar contratos con entidades públicas o personas privadas que manejen recursos públicos, salvo las excepciones legales. Esta incompatibilidad constituye causal autónoma de pérdida de investidura para concejales, quienes son servidores públicos según el artículo 123 constitucional. Las excepciones permitidas se encuentran en los artículos...