Antecedentes del caso

Una sociedad usuaria del servicio de gas domiciliario demandó a la empresa prestadora y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, buscando la nulidad de varios oficios y una resolución relacionados con la facturación de consumos en distintos periodos. La demandante alegó que las facturas no indicaban las lecturas actual y anterior del medidor, lo que vulneraría el régimen jurídico aplicable y el derecho a la información. Además, cuestionó la metodología de medición que incluía un electro corrector y la supuesta falsa motivación de la resolución de la Superintendencia.

Decisión en primera instancia

El Tribunal Administrativo denegó las pretensiones, concluyendo que la empresa había realizado la medición del consumo mediante instrumentos tecnológicos adecuados y que la omisión de las lecturas en las facturas no implicaba falta de medición. Asimismo, consideró que el cargo de falsa motivación contra la resolución administrativa carecía de fundamento, dado que la Superintendencia había valorado pruebas técnicas que confirmaban la correcta medición y facturación.

Análisis jurídico y criterios aplicados

La Sala recordó que, conforme a la Ley 142 de 1994, los usuarios tienen derecho a la medición de consumos reales y a información suficiente para verificar la legalidad de la facturación. La empresa debe disponer de instrumentos tecnológicos apropiados y el consumo debe ser el elemento principal del precio cobrado. La norma establece que la falta de medición por acción u omisión de la empresa implica la pérdida del derecho a recibir el precio. En este caso, se acreditó que la medición se realizó con un medidor volumétrico y un electro corrector que ajusta el volumen medido según presión,...