Antecedentes del caso

El caso se origina a partir de una acción de reparación directa interpuesta por una empresa dedicada al beneficio animal, que denunció las actuaciones del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) por imponerle medidas administrativas y sanciones ambientales sin tener competencia para ello. La empresa había solicitado permiso de vertimientos de aguas residuales ante la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), que es la autoridad competente para el suelo de expansión urbana y rural, mientras que el AMB ejercía control ambiental únicamente en el perímetro urbano. A pesar de contar con el permiso otorgado por la CDMB, el AMB impuso una medida preventiva de suspensión provisional de descargas de aguas residuales, inició un proceso administrativo sancionatorio, negó el permiso de vertimientos y exigió un plan de cumplimiento con obligaciones adicionales, lo que implicó costos y trámites duplicados para la empresa.

Decisiones judiciales y fundamentos

El Tribunal Administrativo de Santander en primera instancia reconoció que el AMB no tenía competencia para actuar sobre el predio ubicado fuera del perímetro urbano y que la exigencia simultánea de dos permisos ambientales generó un trato desigual y una carga excesiva para la empresa. Por ello, condenó al AMB al pago de indemnización por daño emergente. El AMB apeló la decisión, argumentando que sus actuaciones estaban amparadas en sus competencias y que no se había probado la antijuridicidad del daño. Sin embargo, el Consejo de Estado confirmó la sentencia, señalando que la coexistencia de dos actos administrativos contradictorios sobre la misma situación fáctica generó una carga injustificada para la empresa, en violación...