Contexto y antecedentes del caso

La acción de reparación directa fue interpuesta contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con ocasión de una investigación penal por el delito de rebelión que derivó en la imposición de medidas de aseguramiento de detención preventiva a varios individuos. La investigación culminó con sentencias absolutorias para los acusados. Las demandas buscaban la reparación por los perjuicios sufridos durante la privación injusta de la libertad. Los tribunales administrativos de primera instancia tuvieron decisiones divergentes: mientras uno declaró parcialmente la responsabilidad de la Fiscalía, otros negaron las pretensiones. Ante esto, se interpusieron recursos de apelación que llevaron el caso ante el Consejo de Estado.

Principales consideraciones de la Sala

La Sala constató que la privación de la libertad se produjo sin un fundamento probatorio sólido y sin la debida justificación de la necesidad de la medida de aseguramiento conforme a los fines legales y constitucionales. Se evidenció que la Fiscalía basó su actuación en informes de policía judicial no probatorios y en declaraciones imprecisas, sin demostrar de manera concreta la responsabilidad penal individualizada de los afectados. Se estableció que la privación de libertad ocurrió en periodos determinados, que fueron acreditados con certificaciones oficiales. La Sala identificó el daño causado en la afectación de la libertad y del buen nombre de los afectados, reconociendo además el perjuicio moral tanto para las víctimas directas como para sus familiares más cercanos.

Responsabilidad atribuida y alcance

Se declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de todos los demandantes en proporción al tiempo que estuvieron detenidos bajo su orden. Para un grupo específico de casos, también se declaró responsable a la Rama Judicial, correspondiente al tiempo en que los afectados estuvieron a disposición de esta entidad en la etapa de juicio. No se encontró causa eximente de responsabilidad atribuible a los demandantes ni se evidenció actuación temeraria que justificara condena en costas.

Indemnización de perjuicios

La Sala ordenó la indemnización por perjuicios morales, calculados conforme a la duración de la privación de la libertad y siguiendo criterios jurisprudenciales unificados. Se reconocieron indemnizaciones para las víctimas directas y sus familiares en primer y segundo grado de parentesco, con porcentajes diferenciados según la cercanía y afectación acreditada. En cuanto a los perjuicios materiales, se determinó la existencia de lucro cesante basado en ingresos mínimos legales mensuales vigentes, ajustados al tiempo probado de detención. No se reconocieron otros conceptos por falta de pruebas suficientes.

Restablecimiento del buen nombre

Se ordenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial que, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la sentencia, emitan comunicados públicos en los que ofrezcan disculpas a las víctimas por la afectación de su buen nombre. Los términos de la publicación o entrega de estas disculpas se concertarán con las víctimas para evitar revictimización.

Conclusiones y efectos

El Consejo de Estado modificó y revocó las sentencias de primera instancia, confirmando la responsabilidad estatal en los términos expuestos. Además, se establecieron medidas reparadoras integrales para resarcir los daños ocasionados por la privación injusta de la libertad, incluyendo indemnizaciones económicas y acciones de reparación simbólica. Se declaró la caducidad de la acción en uno de los casos por presentación fuera de término y se negaron otras pretensiones no fundamentadas. Esta decisión reafirma la obligación del Estado de garantizar el respeto al derecho fundamental a la libertad y la necesidad de una actuación judicial y fiscal basada en pruebas sólidas y motivaciones claras para la imposición de medidas restrictivas, fortaleciendo así la protección de los derechos humanos y el debido proceso en el país.

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Consejo de Estado declara responsabilidad de la Fiscalía y la Rama Judicial por privación injusta de la libertad

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