Contexto y antecedentes del caso

La acción de reparación directa fue interpuesta contra la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, con ocasión de una investigación penal por el delito de rebelión que derivó en la imposición de medidas de aseguramiento de detención preventiva a varios individuos. La investigación culminó con sentencias absolutorias para los acusados. Las demandas buscaban la reparación por los perjuicios sufridos durante la privación injusta de la libertad. Los tribunales administrativos de primera instancia tuvieron decisiones divergentes: mientras uno declaró parcialmente la responsabilidad de la Fiscalía, otros negaron las pretensiones. Ante esto, se interpusieron recursos de apelación que llevaron el caso ante el Consejo de Estado.

Principales consideraciones de la Sala

La Sala constató que la privación de la libertad se produjo sin un fundamento probatorio sólido y sin la debida justificación de la necesidad de la medida de aseguramiento conforme a los fines legales y constitucionales. Se evidenció que la Fiscalía basó su actuación en informes de policía judicial no probatorios y en declaraciones imprecisas, sin demostrar de manera concreta la responsabilidad penal individualizada de los afectados. Se estableció que la privación de libertad ocurrió en periodos determinados, que fueron acreditados con certificaciones oficiales. La Sala identificó el daño causado en la afectación de la libertad y del buen nombre de los afectados, reconociendo además el perjuicio moral tanto para las víctimas directas como para sus familiares más cercanos.

Responsabilidad atribuida y alcance

Se declaró responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de todos los demandantes en proporción al tiempo...