Antecedentes del caso

La demanda fue presentada por los familiares del patrullero fallecido en un accidente de tránsito ocurrido mientras regresaba a su domicilio luego de cumplir una comisión relacionada con la transferencia documental en la Policía Metropolitana. Se solicitó que se declarara la responsabilidad del Estado por falla en el servicio, argumentando que la orden que asignó la comisión fue emitida sin la autorización del comandante competente, exponiendo al agente a un riesgo elevado. Por su parte, la Policía Nacional sostuvo que la orden fue legítima y emitida conforme a los protocolos internos, y que el accidente ocurrió fuera del servicio, siendo un suceso fortuito sin nexo causal con la actuación estatal. El Tribunal Administrativo de primera instancia negó las pretensiones, decisión que fue apelada por los demandantes.

Análisis jurídico

El Consejo de Estado consideró que, si bien la orden que comisionó al patrullero no fue emitida por la autoridad competente, esta irregularidad no constituyó la causa próxima y adecuada del accidente fatal. Se determinó que el accidente de tránsito fue el evento con especial aptitud para causar el daño, y que la entidad no tenía control sobre el vehículo particular en que se desplazaba el agente. La Sala explicó que la designación del agente se realizó mediante una orden de servicio local emitida por el comandante de la subestación de policía, cuya competencia no incluye la administración de recursos humanos ni la emisión de comisiones para jurisdicciones superiores. Por tanto, la orden excedió las atribuciones legales, pero esta falencia no se traduce en responsabilidad del Estado por la muerte ocurrida.

Conclusiones y decisión

La Sala...