Marco normativo y competencia de la Oficina Jurídica

La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su función constitucional de vigilancia y control fiscal, evalúa la posibilidad de incorporar herramientas tecnológicas como la IA dentro de sus procesos de auditoría. La Oficina Jurídica, responsable de orientar sobre la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con el control fiscal, aclara que sus conceptos son orientativos y no tienen carácter vinculante ni normativo.

Uso de tecnologías en el proceso auditor

El control fiscal se realiza generalmente de forma posterior y selectiva, con excepciones preventivas y concomitantes, y está regulado por diversas leyes y decretos. La auditoría pública se define como un proceso sistemático para obtener y evaluar evidencia que permita determinar el cumplimiento de criterios establecidos, aplicándose auditoría financiera, de cumplimiento y de desempeño. Las técnicas de auditoría asistidas por computadora (TAAC) han evolucionado para facilitar el análisis de grandes volúmenes de datos, mejorando la eficiencia y efectividad del proceso auditor. Sin embargo, el proceso auditor implica etapas que requieren la intervención humana, especialmente en la configuración de hallazgos y evaluación jurídica, que no pueden ser reemplazadas por la IA.

Consideraciones jurídicas sobre la inteligencia artificial en auditoría

El uso de una herramienta de IA como apoyo en la elaboración y validación de hallazgos debe respetar las características esenciales del hallazgo, que incluye objetividad, relevancia, precisión, verificabilidad y utilidad. La IA puede facilitar funciones específicas, pero no puede sustituir la responsabilidad del auditor ni la labor decisoria y analítica inherente al proceso. Además, la gestión y custodia de la información documental en procesos auditoriales están reguladas por leyes de archivos y protección de datos, que exigen garantizar la autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación adecuada de los documentos, incluyendo los electrónicos.

Jurisprudencia constitucional sobre el uso de IA en la administración de justicia

La Corte Constitucional ha señalado en la Sentencia T-323 de 2024 que el uso de IA en procesos judiciales debe respetar el derecho fundamental al debido proceso, que incluye garantías como el juez natural, la motivación de las decisiones y el debido proceso probatorio. La IA puede emplearse como herramienta de apoyo, pero no debe reemplazar funciones indelegables que requieren razonamiento y análisis humano. Se destaca que la IA tiene limitaciones, como posibles sesgos, falta de transparencia en sus algoritmos y riesgos en la protección de datos personales, que deben ser gestionados cuidadosamente para evitar vulneraciones a derechos fundamentales.

Recomendaciones para la implementación de IA en la Contraloría General

Para la implementación de herramientas de IA en procesos auditorios, la Contraloría debe garantizar el respeto al debido proceso, confidencialidad y protección de la información, sin que la IA reemplace la función decisoria del auditor. Se recomienda solicitar una mesa de trabajo con las dependencias competentes para desarrollar una regulación interna que contemple los aspectos éticos, legales y técnicos necesarios. Además, se sugiere el desarrollo progresivo de una plataforma propia de IA exclusiva para la función pública de control fiscal, que facilite la eficiencia y acceso a la información, minimizando riesgos en transparencia, protección de datos y sesgos.

Conclusiones

La Contraloría puede emplear inteligencia artificial como apoyo en el proceso auditor, siempre que se respeten los principios constitucionales y legales, especialmente el derecho al debido proceso y la protección de datos. La IA no debe sustituir la labor analítica y decisoria del auditor. La regulación interna debe ser elaborada con enfoque ético y responsable, siguiendo las recomendaciones de la Corte Constitucional y garantizando la seguridad y confidencialidad de la información. Se recomienda iniciar el trámite para la expedición de normativa interna, conforme a la Resolución Organizacional OGZ-0001-2014, y coordinar con las dependencias pertinentes para asegurar la adecuada implementación y control del uso de IA en la Contraloría General de la República, promoviendo así un control fiscal más eficiente, transparente y acorde con los avances tecnológicos.