La Ley 996 de 2005 busca garantizar la igualdad entre candidatos en procesos electorales mediante la restricción temporal de la contratación directa por parte de los entes estatales. En particular, durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales y hasta la realización de la segunda vuelta, está prohibida esta modalidad de contratación, incluyendo contratos interadministrativos. Respecto a las elecciones atípicas programadas para el 9 de febrero de 2025 en un departamento con gobernador encargado, la entidad territorial extendió la vigencia de la Ley de Garantías desde el 10 de diciembre de 2024 hasta el día de la elección. Se consultó a la Contraloría si es jurídicamente viable celebrar un convenio interadministrativo antes del inicio del periodo de restricciones para financiar y ejecutar el evento durante el mismo. La Oficina Jurídica aclaró que, si bien la contratación directa está prohibida durante el periodo de restricciones, los contratos o convenios suscritos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías pueden ser ejecutados sin limitaciones. Esto incluye la posibilidad de prórrogas, adiciones, modificaciones o cesiones de contratos previamente perfeccionados. Las excepciones a la prohibición de contratación directa contempladas en la Ley 996 incluyen contratos relacionados con la defensa y seguridad del Estado, créditos públicos, emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como la reconstrucción de infraestructura afectada por atentados, desastres naturales o fuerza mayor. También están exceptuadas las entidades sanitarias y hospitalarias. Es importante destacar que la restricción aplica a todos los entes estatales, sin importar su régimen jurídico o naturaleza, con el fin de evitar que la contratación pública favorezca a candidatos o...