Contexto y consulta planteada

En proyectos de vivienda de interés social ejecutados bajo contratos de fiducia mercantil de administración y pagos inmobiliarios, los recursos de los compradores se canalizan mediante un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria. En el caso analizado, el constructor asumió la totalidad de los costos y responsabilidades con recursos propios, sin utilizar los aportes de los compradores. La interventoría certificó que las viviendas cumplen con las normas vigentes, garantizando la calidad y estabilidad estructural. Surge entonces la interrogante: ¿es necesario que los recursos de los compradores ingresen obligatoriamente al patrimonio autónomo administrado por la fiduciaria aun cuando las viviendas estén completamente construidas y listas para entrega? Alternativamente, ¿pueden estos recursos ser girados directamente al constructor sin afectar la finalidad del contrato fiduciario ni los principios de protección y transparencia?

Marco jurídico y naturaleza de los recursos

El concepto destaca que la vigilancia y el control fiscal son funciones públicas ejercidas por la Contraloría General de la República, que supervisa la gestión fiscal de recursos públicos en todos los niveles administrativos y tipos de recursos. Los recursos destinados a viviendas de interés social tienen una destinación específica conforme al mandato constitucional y normativo, por lo que su administración debe cumplir con las reglas aplicables a recursos públicos. El contrato de fiducia mercantil implica la transferencia de bienes a un patrimonio autónomo administrado por una fiduciaria para cumplir una finalidad determinada. Aunque la propiedad se transfiere formalmente al fiduciario, los recursos mantienen su naturaleza pública y están sujetos a control fiscal. La fiduciaria actúa como administradora y vocera del patrimonio autónomo, sin que...