Contexto y solicitud de concepto jurídico

La Oficina Jurídica respondió a una consulta formulada por la Dirección de Vigilancia Fiscal para el Sector Defensa y Seguridad, en la cual se solicitó determinar quién es el funcionario público competente para la apertura, trámite y archivo de las indagaciones preliminares en las Contralorías Delegadas Sectoriales. Además, se preguntó si las decisiones tomadas en estas indagaciones deben ser sometidas a consideración del comité de evaluación sectorial o del contralor delegado del sector.

Competencia y alcance del concepto jurídico

Este concepto tiene carácter orientativo y no es de obligatorio cumplimiento ni fuente normativa. Su función es facilitar la interpretación y aplicación de las normas vigentes en materia de control fiscal. La competencia para absolver consultas se limita a dependencias internas de la Contraloría General, entidades vigiladas y contralorías territoriales, así como a la ciudadanía en asuntos jurídicos relacionados.

Marco normativo y competencia para indagaciones preliminares

El Decreto Ley 267 de 2000 y la Resolución Organizacional OGZ 0748 de 2020 regulan la organización y funciones de las Contralorías Delegadas Sectoriales y las Direcciones de Vigilancia Fiscal. Según estas normas, las Contralorías Delegadas Sectoriales tienen competencia para adelantar actuaciones preliminares relacionadas con la responsabilidad fiscal, mientras que las Direcciones de Vigilancia Fiscal son responsables de responder por la ejecución de auditorías e indagaciones preliminares en su respectivo sector. El Manual de Responsabilidad Fiscal define la indagación preliminar como la etapa preprocesal destinada a verificar la ocurrencia de una conducta que pueda constituir responsabilidad fiscal. La Resolución Organizacional OGZ 0748 establece que las dependencias competentes para conocer, tramitar y decidir sobre indagaciones preliminares incluyen, entre otras, las Contralorías Delegadas Sectoriales y las Direcciones de Vigilancia Fiscal.

Competencia específica de directores de vigilancia fiscal y comités sectoriales

Los directores de vigilancia fiscal, aunque no están adscritos directamente al Macroproceso de Responsabilidad Fiscal, tienen funciones relacionadas con el resarcimiento del daño al patrimonio público derivadas de hallazgos con alcance fiscal e indagaciones preliminares. Por lo tanto, son competentes para la apertura, trámite y decisión de las indagaciones preliminares en las Contralorías Delegadas Sectoriales. Por otra parte, el comité de evaluación sectorial tiene como objetivo concertar programas de trabajo, recomendar indicadores y efectuar seguimiento y evaluación a las auditorías, pero no tiene funciones para analizar, evaluar o calificar las indagaciones preliminares. Su rol es asesorar al contralor delegado sectorial en materia de control fiscal micro, y las decisiones sobre indagaciones no requieren su aprobación.

Conclusiones principales

- La competencia funcional para la apertura, trámite y decisión de las indagaciones preliminares recae principalmente en las dependencias del Macroproceso de Responsabilidad Fiscal, así como en sus funcionarios facultados. - Las Contralorías Delegadas Sectoriales son competentes para coordinar y gestionar las indagaciones preliminares, especialmente en la remisión de decisiones adoptadas por los directores de vigilancia fiscal. - Los directores de vigilancia fiscal son los funcionarios competentes para la apertura, trámite y decisión de las indagaciones preliminares, conforme al Decreto Ley 267 de 2000 y la Resolución Organizacional OGZ 0748 de 2020. - Los comités de evaluación sectorial no tienen competencias relacionadas con el análisis o decisión sobre indagaciones preliminares y actúan como instancias asesoras en control fiscal micro. Este pronunciamiento fortalece la claridad en la asignación de competencias para el manejo de las indagaciones preliminares dentro de la Contraloría General de la República, garantizando el respeto al principio de legalidad y eficiencia en el control fiscal, y contribuyendo así a un mejor funcionamiento institucional en la defensa del patrimonio público.