Contexto y consulta inicial

En el marco del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2024, la Contraloría Delegada para el Sector Salud realizó una auditoría de cumplimiento a una entidad prestadora de salud correspondiente a la vigencia 2023. La auditoría identificó varios hallazgos administrativos, incluyendo algunos con presunto daño fiscal significativo. Sin embargo, los estados financieros entregados para sustentar estos hallazgos eran preliminares, no certificados ni aprobados por los órganos societarios correspondientes, lo que generó incertidumbre sobre la certeza de la cuantificación del daño y la viabilidad de iniciar indagaciones preliminares. Por ello, se solicitó a la Oficina Jurídica un concepto sobre la posible limitante para dar inicio a dichas indagaciones, considerando además los plazos establecidos en la Ley 610 de 2000.

Definición y función de la indagación preliminar

La indagación preliminar es una actuación administrativa preprocesal, cuyo objetivo es verificar la competencia del órgano fiscalizador, la ocurrencia del hecho, la afectación al patrimonio público, la entidad afectada y la identificación de los presuntos responsables. Según la Ley 610 de 2000, esta etapa tiene un término máximo de seis meses, prorrogables por igual término, al cabo de los cuales se debe decidir entre archivar las diligencias o abrir el proceso de responsabilidad fiscal.

Viabilidad para iniciar indagaciones con estados financieros no certificados

La Oficina Jurídica señala que la apertura y trámite de la indagación preliminar no requieren la fijación exacta de la cuantía del daño fiscal, sino que basta que esta sea determinable. Los estados financieros preliminares pueden servir como base para iniciar la indagación, siempre que existan elementos suficientes para presumir un posible detrimento...