Contexto y solicitudes de concepto

La consulta fue remitida a la Contraloría General por varias entidades, incluyendo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Departamento Nacional de Planeación y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de aclarar la legalidad y alcance de un descuento del 2% aplicado por una EICE en contratos financiados con recursos del SGR. Este descuento, pactado contractualmente, busca cubrir costos administrativos y operativos derivados de la gestión contractual de la empresa.

Marco normativo y autonomía contractual

Según la Constitución Política y la Ley 2056 de 2020, los recursos del SGR tienen una destinación específica y deben ser invertidos exclusivamente en proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental. La Ley establece que la ejecución de estos proyectos debe sujetarse estrictamente al régimen presupuestal, al régimen de contratación pública y a las demás normas legales vigentes. La Contraloría señala que las entidades designadas como ejecutoras de proyectos financiados con recursos del SGR, incluyendo las EICE, cuentan con autonomía para realizar los trámites contractuales necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto, siempre dentro del marco legal aplicable. La autonomía contractual permite que las partes pacten condiciones específicas, como el descuento del 2%, siempre que estas no contravengan disposiciones legales o constitucionales.

Control fiscal y prohibición de coadministración

La Contraloría General, como órgano autónomo e independiente, ejerce vigilancia y control fiscal sobre la gestión de recursos públicos, incluyendo los del SGR. Este control es principalmente posterior y selectivo, con posibilidad excepcional de ser preventivo o concomitante, sin que esto implique coadministración ni intervención en decisiones administrativas propias de los sujetos de control. Es importante resaltar que la Contraloría no puede participar en la contratación previa ni asumir responsabilidades administrativas distintas a las inherentes a su organización, garantizando así la separación de funciones y la independencia en el control fiscal.

Implicaciones del descuento y responsabilidad fiscal

El concepto indica que la aplicación de un descuento del 2% pactado contractualmente por una EICE en contratos financiados con recursos del SGR debe analizarse en el marco de la normativa vigente y los principios de transparencia, legalidad y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Si bien la autonomía contractual permite establecer contribuciones aceptadas por las partes, estas no deben afectar la destinación específica de los recursos ni vulnerar las normas aplicables. En caso de que el descuento genere un daño al patrimonio público o contravenga la normativa, la Contraloría podrá iniciar procesos de responsabilidad fiscal contra los responsables de la ejecución del contrato. El órgano de control se apoyará en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control para supervisar la correcta ejecución de los recursos.

Conclusiones

- La ejecución de proyectos financiados con recursos del SGR debe realizarse con estricta sujeción al régimen presupuestal, al régimen de contratación pública y a las demás normas legales vigentes. - Las entidades ejecutoras tienen autonomía para gestionar la contratación dentro del marco legal, incluyendo la posibilidad de pactar contribuciones en contratos, siempre que estas no contravengan la ley. - La Contraloría General ejerce control fiscal posterior y selectivo sobre estos recursos, sin intervenir en la administración directa ni asumir funciones coadministradoras. - La aplicación de descuentos en contratos con recursos del SGR debe garantizar la correcta ejecución de los proyectos y evitar riesgos fiscales o legales. Este concepto jurídico orienta a las entidades y órganos de control sobre la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con la ejecución de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, asegurando la transparencia y responsabilidad en la gestión pública.

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Concepto jurídico de la Contraloría General sobre descuentos en contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías

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