Contexto y solicitudes de concepto

La consulta fue remitida a la Contraloría General por varias entidades, incluyendo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Departamento Nacional de Planeación y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de aclarar la legalidad y alcance de un descuento del 2% aplicado por una EICE en contratos financiados con recursos del SGR. Este descuento, pactado contractualmente, busca cubrir costos administrativos y operativos derivados de la gestión contractual de la empresa.

Marco normativo y autonomía contractual

Según la Constitución Política y la Ley 2056 de 2020, los recursos del SGR tienen una destinación específica y deben ser invertidos exclusivamente en proyectos de inversión que contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental. La Ley establece que la ejecución de estos proyectos debe sujetarse estrictamente al régimen presupuestal, al régimen de contratación pública y a las demás normas legales vigentes. La Contraloría señala que las entidades designadas como ejecutoras de proyectos financiados con recursos del SGR, incluyendo las EICE, cuentan con autonomía para realizar los trámites contractuales necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto, siempre dentro del marco legal aplicable. La autonomía contractual permite que las partes pacten condiciones específicas, como el descuento del 2%, siempre que estas no contravengan disposiciones legales o constitucionales.

Control fiscal y prohibición de coadministración

La Contraloría General, como órgano autónomo e independiente, ejerce vigilancia y control fiscal sobre la gestión de recursos públicos, incluyendo los del SGR. Este control es principalmente posterior y selectivo, con posibilidad excepcional de ser preventivo o concomitante, sin que esto implique coadministración ni intervención en decisiones administrativas...