La Contraloría General de la República respondió una consulta planteada por la Coordinación de Veeduría Ciudadana del departamento de Huila, en relación con la obligación de las entidades privadas que manejan recursos públicos de entregar información a las veedurías ciudadanas.

Competencia y alcance del concepto

La Oficina Jurídica aclaró que sus conceptos tienen carácter orientativo y no constituyen una fuente normativa obligatoria. Su función es facilitar la interpretación y aplicación de normas jurídicas relacionadas con el control fiscal. Asimismo, explicó que su competencia se limita a interpretar disposiciones legales vinculadas con la vigilancia fiscal y el control social.

Participación ciudadana y marco constitucional

El concepto destaca la importancia de la participación ciudadana como principio fundamental del Estado Social de Derecho, establecido en la Constitución Política. La participación busca acercar el Estado a los ciudadanos, permitiéndoles influir en la gestión pública a través de mecanismos democráticos y participativos. La Constitución y la jurisprudencia reconocen la veeduría ciudadana como un mecanismo legítimo para ejercer vigilancia sobre la gestión pública, incluyendo entidades públicas y privadas que administran recursos públicos.

Obligaciones de entidades privadas que manejan recursos públicos

Según el concepto, las entidades de derecho privado que manejan, reciben o administran recursos públicos están obligadas a suministrar información sobre dichos recursos a las veedurías ciudadanas. Esta obligación está respaldada por el artículo 23 de la Constitución Política, que reconoce el derecho de petición como garantía fundamental, y por la Ley 850 de 2003, que reglamenta las veedurías ciudadanas y establece sus derechos para acceder a la información necesaria en el ejercicio de su función.

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