Contexto y alcance del concepto

Cuando una entidad estatal extingue sus actividades, sus bienes remanentes se administran mediante un patrimonio autónomo a través de una fiducia mercantil. Tanto dichas entidades como los patrimonios autónomos pueden vender sentencias judiciales firmes que tengan a su favor. Esta práctica busca garantizar la continuidad operativa del patrimonio autónomo para cumplir con sus compromisos, evitando perjuicios económicos que afecten el patrimonio. La Oficina Jurídica aclaró que sus conceptos son orientaciones generales para facilitar la interpretación y aplicación de normas relacionadas con el control fiscal, pero no tienen carácter obligatorio ni normativo. Su competencia se limita a consultas internas y de entidades vigiladas en materia de vigilancia de la gestión fiscal.

Venta de sentencias como activos en liquidación

Las sentencias ejecutoriadas a favor de una entidad en liquidación se consideran activos dentro de la masa de liquidación, de los cuales se espera obtener beneficios económicos. En cuanto a la venta de activos del Estado, la Contraloría ha señalado que el daño patrimonial debe analizarse caso por caso, ya que la aplicación de modelos técnicos de valoración no excluye la posibilidad de daño fiscal si no se cumplen los principios legales. La entidad liquidadora debe realizar avalúos de los bienes conforme a la ley, remitiendo dicha información a la Contraloría para el control fiscal, aunque esta última no determina los criterios para dicho avalúo.

Daño patrimonial y responsabilidad fiscal

El concepto recuerda que el daño patrimonial al Estado debe ser antijurídico, es decir, que el Estado no tenga el deber jurídico de soportar el perjuicio para que se configure la responsabilidad fiscal. Este daño...